Hasta 1998 no se percibía en la opinión pública la convicción de que la violencia doméstica era una cuestión social y una realidad que nos concernía a todos. El caso de Ana Orantes, la mujer granadina que fue quemada viva por su marido tras relatar su historia en televisión, convulsionó a la sociedad y desde entonces pasó de ser un asunto privado a ser un problema social.
En septiembre de 2004, el caso de Jokin, un adolescente de Hondarribia que se suicidó tras haber sufrido acoso escolar por parte de compañeros del instituto saltó a los titulares de los medios de comunicación, y la sociedad se hizo eco de este problema.
Está demostrado que la exposición continua de los niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia entre los padres también conlleva consecuencias negativas en su desarrollo pero cuando se interviene en un caso de violencia contra la mujer no se visibiliza el maltrato que han sufrido los niños, niñas y adolescentes de esa familia.
Ante el maltrato a las mujeres, la sociedad ha reaccionado rechazando todos las justificaciones que anteriormente estaban vigentes: “algo habrá echo ella”; “es un problema entre ellos”... En el maltrato entre iguales también se ha superado la creencia de que “son cosas de críos”. Entonces, ¿qué es lo que todavía nos frena para reconocer como sociedad e individuos que evitar el maltrato a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos?.
El fenómeno del maltrato a los niños, niñas y adolescentes está presente en nuestra sociedad pero todavía sigue siendo invisible para la gran mayoría. Sólo somos conscientes de su importancia cuando los casos más graves son recogidos por los medios de comunicación.
El maltrato y el abandono infanto-juvenil generan situaciones de enorme sufrimiento tanto para los niños, niñas y adolescentes como para sus familias. Estos hechos se ven agravados por el silencio de quienes lo sufren, por la incapacidad de la familia para solicitar ayuda y por la pasividad del conjunto de la sociedad que los ignora, favoreciendo su cronicidad y mantenimiento.
Todas las agresiones u omisiones, físicas y verbales, cometidas por adultos u otros niños, niñas o adolescentes tienen consecuencias negativas en su desarrollo como personas. Cuando un niño sufre, no sólo se vulneran sus derechos sino que su futuro, como miembro de esta sociedad, también se daña.
Es responsabilidad de toda la sociedad la erradicación de los malos tratos. Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a informar que la notificación a los Servicios Sociales de las sospechas de que en una familia se está produciendo una situación de desprotección infantil es la única manera de que tanto el niño, la niña o el adolescente, así como su familia, comiencen a recibir esa ayuda.
Cualquier persona puede ser el posible maltratador/a, pero difícilmente descubriremos una situación de malos tratos a un niño/a o adolescente a través del agresor o agresora porque:
1. La mayoría son personas que se comportan correctamente en el trabajo, con sus amistades, aunque suelen presentar baja autoestima, sentimientos de frustración y fracaso, entre otros.
2. Las personas que maltratan a los niños, niñas o adolescentes tienen muy poco control de sus emociones: “pierden fácilmente los estribos”; o “no se alteran por nada”.
3. Pertenecen a todos los niveles económicos y grupos o clases sociales.
4. Con frecuencia, los maltratadores y maltratadoras son las personas que les cuidan o pertenecen a su familia.
5. No es una relación causa-efecto, pero hay personas que maltratan que han sufrido malos tratos o abusos en su infancia.
Hay circunstancias difíciles en la vida como los conflictos de pareja, un embarazo no deseado, la pérdida de trabajo, el abuso del alcohol o sustancias tóxicas, la existencia de problemas para manejar la conducta del niño, niña o adolescente, el ser padre o madre muy joven, la falta de apoyo familiar y/o social, entre otros, que pueden provocar que los padres y madres reaccionen de un modo imprevisible e incluso brutal hacia sus hijos/as, por lo que no deben ser juzgados de forma inadecuada, pero tampoco se debe permitir.
No se trata de buscar culpables, sino de resolver un problema delicado y doloroso donde los implicados en esta situación no pueden pedir ayuda.
Ante la sospecha de un CASO DE MALTRATO o ABANDONO, Indudablemente el primer paso es notificarlo a los Servicios Sociales de tu pueblo o ciudad, porque:
1. Hay padres y madres maltratantes que no son conscientes de estar haciendo algo malo o inadecuado con sus hijos e hijas; creen que la forma más adecuada de educarlos al igual que lo hicieron con ellos/as.
2. Otros en cambio sí son conscientes de que su comportamiento es dañino para sus hijos/as, por lo que tienen grandes sentimientos de culpa por temor a ser considerados “malos padres”, a ser estigmatizados en el barrio... Todo esto les provoca desconfianza y hace que no pidan ayuda profesional.
3. Los niños, niñas y adolescentes objeto de malos tratos, tampoco suelen pedir ayuda. Tienen vergüenza, sentimientos de culpa, miedo a ser castigados, a ser acusados de mentirosos, a ser separados de su familia o a ocasionarles problemas.
4. Como puede comprobarse, es difícil que los miembros de la familia soliciten ayuda porque por un lado, no creen que lo necesitan y por otro, los sentimientos implicados son muy intensos, el nivel de sufrimiento es elevado y tienen miedo a que los Servicios Sociales les separen de sus hijos/as.
Sin embargo, los Servicios Sociales no van a poder poner en marcha ningún programa, servicio o ayuda a estas familia a menos que un ciudadano les informes de sus sospechas.
Sabemos los temores que aparecen en las personas a la hora de notificar a las autoridades competentes un posible caso de maltrato o abandono infantil, pero es la única vía para proporcionar ayuda. Los profesionales de los Servicios Sociales serán los encargados de verificar si se ha producido o no ese maltrato y en caso afirmativo tendrán que proporcionar ayuda tanto al niño/a o adolescente como a su familia para intentar mantener la unidad familiar, siempre que sea posible.
Todos somos conscientes que no prestar ayuda a un accidentado en carretera, es, además de un hecho cruel e inhumano, un delito. Sin embargo, pocas personas son conocedoras del artículo 13 sobre actuaciones en situaciones de desprotección social de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (Artículo 13: Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva):
“Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise”.
Todos hemos despertado y reaccionado ante estos fenómenos; sin embargo, todavía queda un camino –esperemos que no sea largo- para reconocer y abordar el maltrato a los niños, niñas y adolescentes. Todavía es un problema en gran medida invisible.
A raíz del asesinato de la niña Mª Luz Cortés se han alzado voces exigiendo un cambio legal ante este tipo de delitos, pero hemos vuelto a olvidar las acciones de prevención y protección de las víctimas potenciales: nuestros niños y niñas.
Deseamos que no necesitemos más casos para que los todos los estamentos sociales, los profesionales y cada uno de nosotros como individuo reconozcamos nuestra responsabilidad en la detección del maltrato infantil.
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) junto a las diferentes Administraciones Públicas seguiremos trabajando para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes tengan las condiciones de afecto, cuidado y respeto que legítimamente se merecen.
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